Las terrazas del Raval: ¿uso o abuso de la normativa?


Este jueves nos despertamos con los operarios del ayuntamiento haciendo pintadas en el pavimento de una de las plazas más singulares que tiene Barcelona, la Plaça del Pedró. Las pintadas no eran graffitis, se trataba de delimitar los espacios a usar como terrazas públicas por los tres establecimientos que allí luchan cada día para conseguir levantar sus negocios. 

Son tres pequeños restaurantes y bares que en su día presentaron alegaciones que nunca fueron tenidas en cuenta. ¿Es dudoso que un gobierno municipal escuche a sus vecinos? ¿Son los negocios de barrio indignos de tener que ser considerados a la hora de realizar cambios en la normativa?

Uno de los negocios afectados, Zelig, lleva más de 12 años de historia en el corazón del raval. Los inicios para ellos fueron duros pero batallaron por mejorar el ambiente de la plaza. Cambiaron la imagen y se convirtió en un espacio agradable para tomar un café, una copa o comer un plato de pasta.

Su delito fue dedicarse a la actividad de restauración y ocio, una fechoría que se castiga con el menosprecio de la administración local a la hora de tomar decisiones arbitrarias. Sin escuchar las alegaciones planteadas, han visto como su terraza se ha alejado unos metros de distancia, situándose fuera del alcance visual desde su negocio. Ellos están agradecidos de poder tener sus cuatro mesas, en las que dan una alegría especial al barrio cambiando la fisonomía de la plaza.

Pero la amenaza no se queda ahí. Con el nuevo “plan de usos de Ciutat Vella”, por cierto muy restrictivo para el sector del ocio y restauración, se llega a identificar a esos negocios como “contaminación acústica”.

El consistorio, por el momento ha suspendido las licencias de apertura de nuevos negocios durante un periodo de un año (que se podría prologar hasta 2). Sorprende que de nuevo estemos lejos de lo que sería un diálogo de todas las partes implicadas. ¿Dónde está el estudio que analiza el impacto real de las decisiones que se toman? Les he preguntado y nadie les ha presentado un estudio del impacto positivo o negativo de la decisión a sus negocios. ¿Es así como queremos que gestionen los políticos nuestras ciudades?

Algunos acusan al gobierno municipal de populista por solo querer satisfacer los intereses de los vecinos que son personas físicas. A ver si se olvidan que los responsables de esos locales de restauración y ocio nocturno, sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores y todos los familiares de estos también votan; también son personas físicas.

La gran empresa puede viajar y establecerse en otros destinos en los que la normativa sea más favorable para la actividad empresarial. La pequeña empresa es la que sucumbirá y sufrirá esa legislación sesgada, sin consensuar debidamente con todas las partes.

El modelo "de no depender del turismo" como única fuente de ingresos para la ciudad es bueno. Pero el error es llevarlo a cabo con prohibiciones y no con iniciativas que logren crear nuevas tipologías de negocios. ¿Qué pasará si seguimos castigando al turismo cuando la inseguridad de los países susceptibles de ser nuestra competencia desaparezca? ¿Seremos capaces de competir con ellos?

No es lógico que llevemos tres revisiones del plan de usos de Ciutat Vella en menos de cinco años. ¿Quién paga por esta descoordinación de la clase política? ¿Dónde está la transparencia a la hora de publicitar el coste económico de esas decisiones políticas? En la presentación de todo plan de usos debería incluirse las consecuencias en la actividad económica de cualquier tipo de decisión, para que todos fuesen conscientes de lo que “podría” pasar.

Os dejo un artículo aparecido hace unos días en el diario “El País” que os ampliará la información al respecto de lo que aquí estoy exponiendo: NOTICIA.


Sería bueno hacer las cosas bien, pero con una planificación coherente sin que influyan las ideas políticas del gobernante de turno.